Córdoba: La catástrofe socioambiental no es natural

Unidad Popular, que integra la Multisectorial Córdoba, participa y convoca a la marcha ambiental de hoy a las 18 horas.

Inundaciones CórdobaUnidad Popular, integrante de la Muctisectorial Córdoba, participa y convoca a la Marcha Ambiental de este miércoles 18 de marzo, a las 18, que partirá de Colón y Cañada hasta el Patio Olmos.

El motivo de la marcha obedece a que este modelo ha arrasado el monte nativo, ha favorecido los incendios mas voraces afectando a cientos de miles de hectáreas, ha eliminado la capacidad de retención de agua de los suelos provocando la crisis hídrica. Est modelo es responsable de las sequías extremas e inundaciones que están padeciendo las Sierras Chicas y otras localidades de la Provincia de Córdoba.

La catástrofe no es natural, hay responsabilidades políticas compartidas por los distintos estamentos gubernamentales.

Por todo esto, adherimos al documento de la Coordinadora de Sierras Chicas, presentado ante la Secretaría de Ambiente de la Provincia el pasado 11 de marzo, que a continuación reproducimos.

Carta al Gobierno de la Provincia de Córdoba, dirigida al secretario de Ambiente, Germán Pratto

Por la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas.

“La Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas es una red de vecinos y organizaciones ambientales que habitamos la vertiente oriental de las Sierras Chicas, desde Ascochinga hasta La Calera. Sus integrantes somos los afectados ambientales de las últimas inundaciones del 15 de febrero y de las crecidas anteriores ocurridas en 2013, 2007 y 2000, por citar algunas. También somos quienes desde siempre soportamos períodos de sequía mal manejados y voraces incendios en nuestras sierras.

Tal como lo manifestamos en el Comunicado con fecha 17 de febrero, las sucesivas administraciones de este Gobierno se han dedicado a ignorar sistemáticamente las inquietudes y estudios que desde hace mucho tiempo vienen presentando ciudadanos, científicos e instituciones. Estos precedentes dan cuenta que la catástrofe no es natural, sino un lamentable cóctel de negligencia, improvisación y pésimas decisiones.

Por tanto, consideramos que hay responsabilidades políticas que deberán asumir tanto la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, como así también todos los ministerios y reparticiones implicadas ante el daño sufrido no sólo en las Sierras Chicas sino también en todo el territorio cordobés.

En el camino de este largo proceso que hoy inflexiona en tragedia, la carencia de políticas que garanticen la auténtica participación ciudadana ha contribuido a acrecentar las variables de riesgo: ciudades que crecen sin ordenamiento territorial participativo, políticas de usos de suelo sesgadas a intereses económicos, trazados de rutas que no tienen en cuenta nuestros ecosistemas, son algunos de estos factores.

Como ejemplo, citamos al Plan Director para Área Metropolitana (IPLAM, Ley 9841) que lejos de tener una visión a escala regional, impone un modelo de crecimiento urbanístico que desatiende nuestras comunidades. Además, y en sintonía con este paradigma de desarrollo, la Corporación Intercomunal del Área Metropolitana de Córdoba (Cor.Me.Cor) se materializa como la sociedad anónima que manejará los residuos sólidos urbanos y “la ejecución de tareas de saneamiento de tierras o aguas superficiales, defensas contra las inundaciones y cualquier clase de acción de saneamiento de las cuencas hídricas” (Art. 4, inciso H, del acta constitutiva) desconociendo las autonomías municipales y las experiencias y saberes de los propios habitantes de esas cuencas hídricas.

Reservas de papel

La trágica inundación de San Carlos Minas en 1992 despertó el espíritu conservacionista de muchos Estados que reconocieron la necesidad de preservar sus serranías. Así, Unquillo crea la Reserva Municipal Los Quebrachitos en 1999, en tanto que las demás se crean luego de la crecida del 12 de marzo de 2000.

En el 2014, se lograron reglamentar Los Quebrachitos y la Reserva Los Manantiales de Río Ceballos, gracias a la activa participación e interpelación de la ciudadanía en sendos procesos. Quizá esta última inundación del 15 de febrero de 2015 sea el estímulo para que finalmente se terminen de reglamentar las reservas que sólo están en los papeles y que no poseen plan de manejo, ni asignación de recursos.

En tal sentido, cabe destacar que de la sucesión de cuencas declaradas Reservas es desde donde se originaron las crecidas de 2004, 2008, 2010, 2012, 2013 y 2015, por lo que la reglamentación y el ordenamiento de las mismas es imprescindible.

Gestión de riesgo

Por su parte, en lo que hace a la prevención de riesgo, recordamos que la Argentina adopta Marco de Acción de Hyogo (2005-2015, ONU, Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo de Desastres). Este Marco considera que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres, así como la obligación de proteger a sus ciudadanos y sus bienes, tanto privados como públicos.

Aún así, en el panorama de emergencia que atraviesa nuestra Provincia, se ha evidenciado la falta de coordinación institucional no sólo para la prevención de la catástrofe, sino también en la respuesta inmediata y la inminente remediación de las zonas afectadas que se encuentran en una escandalosa fragilidad tanto en lo sanitario, como en la infraestructura básica para garantizar los derechos humanos a la vivienda, el acceso al agua, a la circulación, al ambiente sano, la salud y la vida.

Por caso citamos la situación de Villa Allende, una de las localidades más golpeadas por la crecida y que sufrió hace 12 años el desmantelamiento de sus cuerpos de Defensa Civil, programas de alerta temprana de crecidas y preparación para inundaciones (que surgieron en la década del 90 luego de los incendios) por falta de presupuesto y coordinación entre el Municipio y la Provincia. Así, desde el año 2003, las sucesivas inundaciones toman por sorpresa a los vecinos, que siguen reclamando por la creación de un cuerpo de alerta temprana de crecidas y defensa civil.

Finalmente recordamos a las autoridades del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos que el 22 de diciembre de 2014 (hace escasos 2 meses) su titular, el Ing. Fabián López, recibió nuestra Solicitud de Audiencia y se comprometió a recibirnos y “buscar juntos una solución participativa a los históricos problemas del agua”.
Por lo expuesto, es que los vecinos de las Sierras Chicas y damnificados durante años por la falta de políticas en torno de la gestión integral y comunitaria del riesgo en la cuenca, exigimos la materialización de los siguientes puntos:

I- SUSPENSIÓN INMEDIATA

Suspender, por el término de 3 años, en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, toda autorización otorgada y a otorgar para desarrollos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos, como así también de desmontes y todo tipo de intervención en el Bosque Nativo, ampliación de actividades mineras, deportes a campo traviesa que afecten los ambientes serranos (motocross, enduro, cuatriciclos, 4×4) y toda obra o actividad, pública y privada, que implique cambios en el uso de suelo y/o acciones de desvío, embalsamiento, fijación de líneas de ribera o cualquier otra intervención en cursos de agua, cauces secos, escorrentías y reservorios de agua.

En dicho lapso, se deberán llevar adelante y completar los siguientes objetivos:

– Reglamentación, incorporando mecanismos de participación directa y semidirecta, de las siguientes leyes: de Política Ambiental, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, de Áreas Naturales de la Provincia, entre otras. Así como también, de cada una de las Áreas Naturales Protegidas, tanto provinciales como municipales;

– Creación y reglamentación del Corredor Hídrico y Biogeográfico de las Sierras Chicas, cuya elaboración y gestión incluya la participación directa de las organizaciones de la sociedad civil;

– Recomendar la derogación del artículo 26.1, de la Res. 1/2011 de la Dirección General de Catastro;

– Elaboración e implementación de Ordenamientos Territoriales (OT) en forma Participativa y Vinculante en cada Municipio y Comuna, que servirán de base para los siguientes Ordenamientos Provinciales a nombrar;

– Elaboración de Ordenamiento Ambiental del Territorio, según Ley Nº 10208 de Política Ambiental;

– Actualización del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, según Ley Nacional Nº 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos;

– Actualización de los Radios Municipales, que elimine, en zona serrana, la existencia de áreas grises;
– Elaboración y reglamentación en cada municipio y comuna de las Cartas Ambientales y de Uso de Suelo, a partir de sus respectivos OT’s, nombrados anteriormente;

– Conformación de la totalidad de los Comité de Cuencas de la Provincia con participación ciudadana vinculante;

– Implementación de sistemas de Gestión de Riesgo, que articule las diferentes instituciones, fuerzas vivas y organizaciones de la sociedad civil, instrumentando Sistemas de Alerta Temprana pertinentes a cada cuenca.;

– Llevar adelante los estudios necesarios que permitan establecer la línea de ribera de los ríos, arroyos y cauces transitorios; así como también las áreas inundables;

– Revisión y control de los permisos y estudios de impacto ambiental otorgados a desarrollos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos, y toda obra o actividad que implique cambios en el uso de suelo y/o intervención en el Bosque Nativo, a fin de corregir aspectos que representen deterioro y modificación de cuencas, suelo y/o flora de Bosques Nativos.

Se exige incluir en el instrumento legal correspondiente a esta suspensión, una cláusula que establezca que en caso de no alcanzarse los objetivos al cumplirse el plazo previsto, se efectivice una prórroga automática de las suspensiones por el mismo lapso de tiempo.

Solicitamos también, se instruya a la Secretaría de Asuntos Municipales para intervenir e impulsar a los Municipios a cumplir con los objetivos propuestos, en los asuntos que refieran a su incumbencia.

II- PARTICIPACIÓN CIUDADANA VINCULANTE

– Instrumentar mecanismos de Participación Ciudadana Directa en diferentes escalas, tanto a nivel provincial, regional, y local para los procesos de Ordenamiento Territorial Participativo antes mencionados;

– Instrumentar mecanismos de Participación Ciudadana Directa en relación a la Gestión Integral y Comunitaria del Riesgo en las cuencas, en sus mecanismos de alerta temprana, la prevención y la remediación;

– Garantizar mecanismos de financiamiento -tanto desde la reasignación de fondos públicos como desde el Fondo de la Ley de Bosques-, para asegurar la participación ciudadana vinculante en los procesos de elaboración, reglamentación e implementación, tanto de los protocolos de prevención y respuesta ante eventos, como de los Ordenamientos Territoriales y Planes de Manejo y Gestión de las cuencas hídricas y Áreas Protegidas.
Sin otro particular y esperando una respuesta a la presente en el término de los próximos 30 días corridos.
Saluda atte”.

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