UP volvió a presentar proyecto de ley para declarar al agua potable un derecho humano

Desde nuestra Secretaría de Ambiente, Andrea Burucua explica la importancia de sancionar esta ley que resguarda un bien vital imprescindible. 

aguaPor Andrea Burucua*

Desde 2009 (con Verónica Benas) venimos presentando  el proyecto de ley  que declara el acceso al agua como derecho humano y que cada dos años pierde estado parlamentario sin ser siquiera debatido.

El agua potable es un bien imprescindible para la vida, escaso y cuya disponibilidad es decreciente.

Muchos argentinos, por distintos motivos, tienen acceso a fuentes de agua contaminadas, con contenidos elevados de sustancias nocivas como arsénico, plomo, cromo, bacterias, restos de pesticidas, etc. Otros muchos deben caminar a ríos y arroyos ubicados a varios kilómetros de sus casas para obtener agua de dudosa calidad, recolectar la de lluvia o esperar que camiones cisternas les hagan llegar pocos litros para varios días.

Por otro lado, las redes de distribución en muchos centros urbanos son obsoletas y no acompañan el crecimiento demográfico produciendo desabastecimiento y derroche.

Es simple: sin agua no se puede vivir, con poco agua o de mala calidad nos enfermamos y  las actividades agrícola- ganaderas de subsistencia no pueden llevarse a cabo.

El acceso al agua como un derecho humano no es una mera declaración, implica sobre todo obligaciones para el Estado y los particulares, estrictamente relacionadas a la salud y a la justicia social, y abarca al menos estos tres principios:

a) La disponibilidad: el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo, regular y suficiente para los usos personales y domésticos.

b) La calidad: el agua para uso personal o doméstico debe ser potable o apta para cada uno de dichos usos.

c) La accesibilidad: el agua para uso personal y doméstico o las instalaciones y servicios de agua deben estar al alcance físico y económico de todas las personas, sin discriminación alguna.

Para hacer efectivo este derecho, el Estado debe adoptar las medidas necesarias y poner a disposición los recursos económicos correspondientes; los prestadores del servicio público de agua potable y saneamiento deben suministrar  la cantidad suficiente de agua sin interrupción y las tarifas y costos deben ser asequibles a todos, especialmente a los sectores vulnerables, sin discriminación alguna.

El año pasado se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y uno de los artículos que la comisión redactora  propuso  incluir reconocía el Derecho Fundamental de acceso al agua potable que fue eliminado por el Poder Ejecutivo previo a su presentación en el Congreso Nacional. Como planteamos en ese debate, quitar ese artículo no fue caprichoso, fue una clara negativa a garantizar derechos que hoy no se cumplen.

El acceso al agua es un derecho del que depende la vida,  ya sea como bien de consumo imprescindible, sea como fuente de alimento y aún como recurso básico para desarrollar distintas actividades que lo procuran. La agricultura, la cría de animales y otras tantas de las que el hombre se vale para subsistir requieren agua.

Desde UP sostenemos que en la utilización del agua debe darse prioridad a los usos domiciliarios y domésticos y las actividades productivas de subsistencia por sobre cualquier otro uso. Primero: agua para la vida.

Muchas actividades extractivas la consumen de manera desmedida, como la minería o la extracción de hidrocarburos. La exportación de soja implica también exportación de agua que fue utilizada para riego. Mientras tanto millones de personas en nuestro país no abren canillas, beben y cocinan con agua contaminada, enferman.

Cuidar el agua y distribuirla con justicia es defender la salud y la vida de todos.

*Secretaria de Ambiente de Unidad Popular

 

Texto completo del Proyecto de Ley

 Nota de Sergio Val, presidente de UP Lomas de Zamora, sobre la situación del agua en el distrito de Martín Insaurralde

 

2 Comments

  1. Estimados,
    En relación con el anuncio publicado en el enlace de referencia, entiendo que el tema ya está regulado en la Ley
    http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/125875/norma.htm
    Efectivamente, en la Ley 26.221 (Convenio tripartito entre Nación, Pcia de Buenos Aires y CABA) se aprueba el marco regulatorio para la concesión de los Servicios de Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales y en su preámbulo se cita textualmente:
    “El carácter de Derecho Humano de acceso al agua que se contempló en el Decreto Nº 303/06, es el principio que ilumina el presente Marco Regulatorio. La interpretación y aplicación de cualquiera de sus normas no podrá implicar el conculcamiento de tal derecho. La empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. creada mediante Decreto Nº 304/06, debe asumir como objetivo primario asegurar la prestación del servicio de manera justa, eficiente y profesional; para lo cual se configuran los estímulos necesarios para que se lleve adelante una gestión prudente y adecuada de la empresa, que posibilite cumplir con equidad las metas a fin de satisfacer las necesidades sociales que deben ser cubiertas.
    El principio de eficiencia debe ser entendido y aplicado de forma complementaria con el principio de equidad, por lo que en ninguna circunstancia los intervinientes podrán utilizar argumentos fundados en la incompatibilidad de ambos principios rectores.”
    Teniendo en cuenta la contaminación legislativa existente y las graves consecuencias que ella conlleva, por qué incorporar otra norma al ordenamiento jurídico?
    Aguardo sus comentarios, cordiales saludos. María

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*