Continúan las persecuciones a los pueblos originarios

El referente wichí Agustín Santillán, en Formosa, y el mapuche Facundo Jones Huala, en Chubut, fueron detenidos, acusados de múltiples causas armadas que nunca les habían sido informadas.

Miriam-Liempe (ACTA-CTA)Miriam Liempe, desde la secretaría de Pueblos Originarios de Unidad Popular contó que “hemos acompañado estos casos, y esto se ha agravado porque el actual gobierno, -si bien los últimos 12 años el panorama no era favorable para los pueblos-,  solamente reconoce al Consejo Consultivo y la resolución de los conflictos a través de Félix Díaz. Nosotros no estamos en contra de Félix sino de la interpretación que ha hecho el gobierno de nuestros derechos. Nuestra concepción del territorio no tiene nada que ver con el concepto de la tierra y la propiedad privada” afirma Liempe.

descargaSegún relata la crónica de Darío Aranda en el Diario Página12, “Agustín Santillán, en Formosa, reclamaba educación y alimentos para las comunidades originarias y, cuando fue apresado, se le informó la existencia de 16 causas penales. La criminalización también alcanzó al mapuche Facundo Jones Huala, en Chubut, con un megaoperativo en un campo reclamado por la multinacional Benetton. En ambos casos, las comunidades denunciaron que se trata de “persecución política”. El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo, Mutuma Ruteere, describió como “terrible” la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.

Y agrega que “el 30 de mayo, Santillán fue parte de un grupo de wichí que pidió por mejoras en las escuelas indígenas, nombramiento de maestros bilingües (como insta la ley) y alimentos para los comedores ante la delegación zonal de Educación.

La policía lo apresó y trasladó hasta la Alcaldía en Las Lomitas (centro provincial). El juez Marcelo López Picabea notificó que cuenta con 16 causas judiciales (nunca le habían sido notificadas, desde robo hasta incendio, pasando por cortes de rutas y ocupación lugares públicos)”.

En Chubut está ubicada la estancia Leleque, propiedad de la multinacional Benetton (que tiene un millón de hectáreas en la Patagonia). En marzo 2015 se produjo una recuperación territorial mapuche en la estancia Leleque de la compañía Benetton, impulsada por la comunidad mapuche Lof en Resistencia del Departamento Cushamen. Se instalaron en una parte del predio, denunciaron el despojo pasado y reivindicaron la vuelta al territorio (incluso contemplada en la normativa internacional).

Tuvieron intentos de desalojos y acciones de espionaje ilegal (que incluyeron a asambleístas contra la minería de Esquel). El 27 de mayo la policía ejecutó un operativo con decenas efectivos, incluidas las fuerzas especiales antimotines y gendarmería nacional. Muchos efectivos para una pequeña comunidad, en su mayoría mujeres y niños.

Detuvieron a siete integrantes de la comunidad y obligaron a estar en la intemperie (con temperaturas bajo cero) a mujeres y niños. Al día siguiente, el juez Martín Zacchino liberó a seis personas y confirmó la prisión para Facundo Jones Huala (acusado de “atentados” en Chile). Lo trasladaron a la Unidad Penitenciaria de Esquel.

Jones Huala habló desde la cárcel con la FM comunitaria Kalewche de Esquel, donde afirmó que se trata de “un preso político”, rechazó las acusaciones y denunció el accionar del Poder Judicial, policial y político en favor de Benetton. “Estamos con la moral alta porque nuestra lucha es digna y justa. La represión y prisión son la respuesta del Estado a nuestra lucha”. Destacó que la recuperación se mantiene (Benetton pidió el desalojo) y afirmó que la lucha mapuche seguirá hasta que se reconozcan los crímenes del Estado y se devuelvan los territorios a los pueblos originarios.

El relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, Mutuma Ruteere, estuvo en mayo en Argentina y visitó comunidades de Formosa. Describió la situación indígena como “terrible”. Afirmó que “en ciertas áreas del país los pueblos indígenas viven en condiciones de pobreza extrema, aislados y sin acceso a los servicios básicos”. Y advirtió que “lo más alarmante es la tendencia a reprimir la movilización de los grupos originarios en reclamo de sus derechos”.

Fuente: Página 12 – Darío Aranda

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