La Plata| Mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito – Declaración conjunta

El gobierno de María Eugenia Vidal se dispone a gastar 48 mil millones de pesos en Seguridad durante el 2017; cuatro veces el presupuesto destinado a Desarrollo Social y casi dos veces el de Salud Pública.

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Con 90 mil efectivos, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de 530 policías por cada 100 mil habitantes, más que EEUU, México o Brasil, lo que habla de una presencia policial contundente en las calles.

No casualmente entre 2012 y 2015 al menos 31 personas murieron a manos de agentes de las fuerzas de seguridad en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada, y decimos “al menos” porque el Estado provincial no tiene datos sistematizados acerca de los casos de gatillo fácil policial.

De esas 31 personas muertas en manos de policías, 13 eran pibes menores de 18 años.

En una encuesta del Observatorio de Políticas de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el 35% de los pibes y pibas dijo haber sido parado y revisado en la calle por la policía al menos una vez. Muchos de estos casos incluyeron insultos, golpes o traslados a la comisaría.

La provincia de Buenos Aires no sólo no produce datos estadísticos, sino que no desarrolla políticas públicas específicas contra el gatillo fácil, contra el uso abusivo de armas o el hostigamiento hacia los jóvenes por parte de efectivos de las fuerzas de seguridad; más bien todo lo contrario.

Hace tiempo que los medios han instalado en la sociedad que los pibes y las pibas son peligrosos, que el barrio es peligroso, que las villas están cargadas de violencia. A esta caracterización de la juventud y la pobreza como peligrosa, se han ido sumando otros grupos castigados también con la estigmatización y la marginalidad: el colectivo de personas trans y travestis y los inmigrantes, sobre todo aquellos que provienen de Bolivia, Paraguay o Perú.   A este sentido común el gobierno responde políticamente de una sola manera: con más policías en las calles, una fórmula que ya demostró su fracaso.

Esta respuesta continúa abriendo la puerta para el control territorial por parte de la policía en los barrios, que se ejerce de forma violenta y discriminatoria y que acentúa las posibilidades de hostigamiento y vulneración de los y las jóvenes.

Este control territorial reprime costumbres como las juntadas en la esquina, las idas al centro, andar en skate, la libre circulación por la ciudad y sus espacios públicos, como si eso no fuera parte de un necesario aprendizaje para los chicos y chicas que van ganando autonomía y construyendo formas de encontrarse con otros. Control territorial que también se ejerce sobre el colectivo trans y travesti, confinado a la prostitución, y que sufre desde hace meses un recrudecimiento de la persecución y el hostigamiento policial que se agrava aún más en el caso de ser migrantes. Control territorial que entendemos forma parte del “problema de la inseguridad”, ya que permite que la policía pueda hostigar, perseguir o reclutar pibes en los barrios, armar causas o regular los mercados ilegales, como el de drogas, armas o trata de personas.

Estas políticas de seguridad en la provincia expresan continuidades con la gestión anterior y se agravan en la actualidad desde el gobierno de Vidal: lo que se hace es mostrar presencia policial en las áreas comerciales y en los sectores de clase media y clase alta y controlar lo que se percibe como “la invasión de los excluidos”, generando controles de acceso a la ciudad, expulsando a los y las jóvenes, a los carreros, a las trans y travestis, en definitiva, recluir a los pobres en su territorio y rodear de policía o fuerzas federales los barrios donde viven, reforzando el estigma de que es en esos barrios donde habitan las clases peligrosas. Muestra de esto es la profundización del despliegue de Gendarmería y Prefectura en el conurbano bonaerense que viene realizando el Ministerio de Seguridad de la Nación, que significa una verdadera militarización de los barrios.

Estamos acá para denunciar el silencio corporativo de los medios hegemónicos, el encarcelamiento y el asesinato de nuestros pibes, la persecución a carreros y a las personas trans-migrantes, para denunciar el accionar corrupto de la policía, la pereza y la impunidad con que se maneja el poder judicial, que como ha sido una constante en nuestro país, desoye y discrimina sistemáticamente a los sectores populares. Pero también estamos acá en la plaza, en el centro, para mostrar lo que son los pibes y las pibas de nuestros barrios, lo que hacen todos los días, lo que los y las identifica, porque reivindicamos su derecho a estar, a andar, a jugar y a soñar.

Por todo esto le exigimos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires:

– Plena implementación de la Ley de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

– Más programas de contención e inclusión para los pibes y pibas.

– Control ciudadano de las fuerzas policiales.

– Creación de la policía judicial.

– Basta de criminalizar y perseguir a los y las jóvenes y a la pobreza.

– Basta de gatillo fácil.

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