Salud: Los “cambios reincidentes”, por María Lapasset

En el año 1993, el documento del Banco Mundial “Invertir en Salud”, fijaba las pautas sanitarias para los países del tercer mundo: autogestión hospitalaria, tercerizaciones, privatizaciones, reducción de presupuestos, seguros privados. Ese organismo proponía, por ejemplo, dividir las prestaciones de salud en dos tipos: prestaciones básicas o servicios esenciales, que había que garantizar para todo el mundo; y los que llamaron servicios discrecionales, que son aquellos que cada usuario debía proveerse en el mercado de acuerdo a sus propios recursos y que, no por casualidad, eran (y son) los más caros. Recomendaba a los países de bajos recursos sacar de las prestaciones garantizadas por el estado las terapias intensivas neonatales, los tratamientos oncológicos, las terapias para el SIDA, las cirugías cardiovasculares. O sea daba por tierra con la idea de cobertura universal garantizada para todos.

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Desde entonces los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales avanzaron en la implementación de las políticas sanitarias que dictaba el BM: Descentralización, Gerenciamiento, Autogestión, Tercerizaciones, Programa Médico Obligatorio, Plan Federal de Salud. Con retrocesos y con avances, con mas o menos resistencia de los trabajadores de la salud y de los pacientes, estos cambios significaron siempre una limitación al acceso universal a la salud, a la vez que se transferían fondos públicos al sector privado. En ese camino, la salud va perdiendo su condición de derecho para transformarse en una mercancía al alcance de los que puedan pagarla.

En la provincia de Salta, pionera de muchos de estos cambios, en el año 2004 se intentó implementar lo que se rotuló como “Seguro Provincial de Salud” y se hizo una prueba piloto en Cafayate. Tras la realización de un censo que arrojó que el 72 % de la población de Cafayate no tenia obra social, se distribuyeron los “carnets de pobre”. De ahí en más, quién no presentaba el carnet debía abonar los servicios que requiriera al Hospital de Cafayate. El resultado fue una barrera más en el acceso a los servicios de salud. La estructura burocrática del Seguro Provincial de Salud se mantuvo por años sirviendo para el “acomodo” en cargos bien remunerados de los amigos del poder de turno.

Recientemente el presidente Macri ha anunciado con bombos y platillos el proyecto engañosamente llamado Cobertura Universal en Salud (CUS) que coincide curiosamente con aquella receta de hace más de 20 años. ¿Qué es la CUS? Es un seguro de salud, destinado a las personas “sin cobertura” a través de una canasta de servicios (o “piso” de prestaciones) que pueden realizarse en el sector público o en el privado. Lo que no esté incluido en la canasta, cada persona deberá resolverlo por su cuenta, es decir deberá pagarlo. Esto significará una medicina para pobres y otra para ricos. Nada nuevo. Más de lo mismo.

Estas “geniales ideas” son presentadas a la sociedad como producto de  la preocupación del gobierno por la salud de la población, cuando en realidad son parte del problema y no de la solución. Ahora intentarán convencernos de sus bondades mediante una batería de falsos argumentos marketineros como que los pobres podrán atenderse en clínicas privadas, con todo el confort que en el imaginario popular eso puede significar. O como que todos tenemos asegurada la salud, lo que se intenta trasmitir con el engañoso calificativo de “universal”.

La resistencia, a la que estamos tan acostumbrados los trabajadores, ya está lanzada. El gremio de ATE y el IDEP Salud acaban de emprender la campaña “NO A LA CUS”, que se puede consultar y difundir desde los siguientes links:

No al CUS en facebook

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