“Asistimos a una profundización de políticas represivas en materia de derechos humanos”

Se presentó este miércoles por la tarde, en La Plata, el Informe Anual de la Comisión Provincial por la Memoria. Torturas, muerte, abandono, hacinamiento y un profundo desprecio por la vida humana de los detenidos en las cárceles bonaerenses

El Sistema de la Crueldad Xl es el nombre de este informe que concentra el trabajo de relevamiento sostenido durante un año por la Comisión Provincial por la Memoria.

Según el estudio, a julio de 2017 existen 42 mil presos y una superpoblación del 73,5% que se profundiza, como así también el encierro de menores de 16 años. Otro número aterrador es la cantidad de muertes de personas bajo custodia del Estado o por fuerzas de Seguridad: sólo durante 2016 se registraron 385.

Adolfo Pérez Esquivel dio el puntapié inicial llamando a pensar en la democracia en que vivimos. “Vemos cómo los chicos de la calle son violentados, deficiencias edilicias, estructurales, el sistema de salud, superpoblación, situación de extrema complejidad que hacen aún más difícil la convivencia en las cárceles”.

La pregunta rectora fue ¿Adónde está Santiago Maldonado?, acunada de pie por Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, integrante de la Comisión, que le valió uno de los aplausos más sentidos y emotivos de la jornada, junto al que recibieron las madres de los siete pibes que murieron en la cárcel de Pergamino en marzo de este año, abandonados a las llamas, sin ayuda.

“Lo que le pasó a nuestros hijos no fue solamente abandono de persona, fue un claro homicidio premeditado”, denunció Cristina Gramajo, la madre de Sergio, uno de los jóvenes muertos en la Comisaría 1°, que fue durante la dictadura cívico militar un centro de detención ilegal.

“Es muy difícil llegar a una condena cuando son delitos cometidos por fuerzas de seguridad. Luchamos por todos los jóvenes que se encuentran en peligro. Basta de muerte por portación de cara. Nosotras, como las Madres y las Abuelas, hemos convertido nuestro dolor en lucha”, agregó Gramajo.

Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión, denunció a su turno que el ministro de Justicia “frente a la Masacre de Pergamino guardó silencio” y agregó que “aún no hay un plan de seguridad en las cárceles. Hay dependencias policiales que no cuentan ni con un matafuegos ni con un balde de arena” y sentenció tajante que “la tortura sigue aplicándose y debe leerse en clave de gobernabilidad. Es un plan”.

Con duras críticas a la actuación de la Justicia, alertaron también que “tenemos muy buenas sentencias que los jueces no controlan, convirtiéndolas en letra muerta”, para agregar que “los colectivos trans son víctimas preferenciales en materia de violaciones a los derechos humanos” y que la “Bonaerense sigue regulando y siendo parte del delito”.

Víctor Mendibil, presidente de la Comisión, advirtió en tanto que “la lucha de nuestro pueblo significó el juicio y condena a los genocidas y que hasta hoy hay intentos de aplicar leyes de condonación de penas, y por eso nuestro pueblo marcha y está alerta diciéndole No al 2 x 1”.

Añadió que “Nora (Cortiñas) hablaba de los próximos informes y efectivamente, nosotros estamos acá con Nora, porque queremos vencer un mecanismo de disciplinamiento que en la dictadura militar fue la desaparición, la cesantía, el exilio, la falta de elementales derechos para disciplinar y aplicar un modelo económico que garantizara las ganancias de los grupos económicos. Esa política se instaló sobre la base del terror. Las políticas actuales tienen a los pibes en la calle, los golpean y los interrogan porque llevan una capuchita, llevan una gorrita, los maltratan y persiguen. Esos chicos, capaz, nunca vieron en su casa trabajar ni a su mamá ni a su papá, vienen de familias desestructuradas por políticas económicas que han mantenido a miles precarios, desocupados, sin perspectiva de futuro. Todos los que estamos acá, soñamos, trabajamos, militamos y nos comprometemos a seguir peleando por una sociedad en que haya futuro para nuestros pibes, para nuestros nietos. Por eso, aparición con vida de Santiago Maldonado, juicio y castigo a quiénes han desaparecido a Jorge Julio López y por los 30 mil compañeros detenidos desparecidos, sigamos peleando”.

Números fríos

A fines de 2016, la población detenida a disposición del Poder Judicial (detenidos en comisarías, alcaidías judiciales y bajo arresto o prisión domiciliaria) fue de 38.681. A julio de este año, la cifra alcanza los 41.729 casos (37.208 en cárceles y alcaidías, 2.944 en comisarías y 1.575 en monitoreo electrónico).

A lo largo del año pasado, se produjeron un total de 385 muertes de personas bajo custodia del Estado o por acción de agentes de fuerzas de seguridad. 156 fueron en cárceles (más de 13 muertes por mes; más de 3 muertes por semana). De las 156 muertes ocurridas durante 2016, el 71% fue por desatención de problemas de salud. Además: 12 personas murieron en comisarías; 107 en neuropsiquiátricos; una en centros de menores; 109 asesinados por agentes de fuerzas de seguridad.

En el Informe, distribuido a la prensa, detallaron que “de las 61 unidades y alcaidías, en diciembre de 2016 la sobrepoblación en el SPB alcanzó el 73,5%, seis puntos más que en 2015. El sobre-encarcelamiento en comisarías alcanzó durante el 2016 su máxima expresión. Y los números actuales (a julio de 2017) muestran que esa tendencia se profundiza: en las 432 dependencias policiales que existen actualmente hay 2944 detenidos, de los cuales sólo 1039 tienen camastro. Es decir, que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón”.

En el apartado que habla de niñas, niños y adolescentes, detallan que “hoy se encuentran detenidos 624 jóvenes en centros que dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Se han incrementado las medidas de encierro a menores de 16 años. Además, la actual gestión tomó la decisión de trasladar a los mayores de 18 años directamente a las cárceles de adultos, sin generar dispositivos propios y adecuados.

Durante 2016, un joven se suicidó en un centro dependiente del OPNyA, detenido bajo el régimen penal juvenil.

Informan también que “la violencia policial en el territorio arrojó un saldo mínimo de 109 muertes producidas por el uso letal de la fuerza con arma de fuego; el 20% de esos muertos eran niños o adolescentes”.

Con respecto a la salud mental, detallan que se sigue la política de manicomialización y que se registró un aumento “de la cantidad de personas fallecidas en hospitales monovalentes, llegando a 107 muertes (contra 94 ocurridas durante el 2015), lo que eleva la tasa a la alarmante cifra de 46,72 personas cada 1000”.

Por último, la Comisión Provincial por la Memoria insistió en la implementación de lo que definen como “tres resortes fundamentales: a) la policía judicial, b) las fiscalías especializadas en violencia institucional, c) una defensa pública autónoma y de calidad; todos consagrados por leyes que aún esperan su implementación”.

Integran la Comisión provincial por la Memoria 

Adolfo Perez Esquivel (presidente)

Victor Mendibil (presidente)

Elisa Beatriz Carca (vicepresidente)

Mauricio Tenembaum (vicepresidente)

Roberto Cipriano García (secretario)

Padre José Pepe Di paola (prosecretario)

Susana Marta Méndez (tesorera)

Ana Barletta (protesorera)

Nora Cortiñas

Víctor De Gennaro

Luis Julián Lima

Hermana Martha Pelloni

Dora Barrancos

Yamila Zavala Rodriguez

Ernesto Alonso

Fuente: Canal Abierto

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