Alarmante resolución del Procurador Interino de la Procuración General de la Nación

Preocupa y estremece el contenido de la resolución de la procuración general de la nación nro. 3544/17 dictada con fecha 1 de diciembre del corriente, firmada por el Procurador Interino de la Procuración General de la Nación Eduardo Casal por medio de la que se encomienda al Secretario de Coordinación Institucional del organismo, Juan Manuel Olina Espel, a diseñar una estructura dedicada a facilitar y elaborar una “estrategia integral contra el extremismo violento y el terrorismo internacional” con el objeto de contribuir a la creación de políticas públicas, en lo que al ministerio publico concierne, es decir, en clave de política criminal.

Esta disposición se enmarca en un escenario de escalada represiva y de fuerte utilización de discursos “manoduristas” y de demagogia punitiva con el claro objetivo de criminalizar la protesta social, y en sintonía con las recientes declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, a fin de justificar o legitimar el fusilamiento de Rafael Nahuel y la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida en el marco de un operativo ilegal de Gendarmería Nacional.

Estos hechos son un claro mensaje para con las organizaciones sociales a fin de desalentar las protestas y la resistencia frente a la envestida neoliberal y de ajuste encabezada por el presidente Mauricio Macri y la “ceocracia”.

Entendemos a esta resolución como una profundización de la Violencia Estatal, sembrada por el Gobierno de la alianza Cambiemos sobre la tierra fértil heredada de la gestión anterior, cuyos legisladores votaron mayoritariamente la denominada Ley Antiterrorista fortaleciendo del “Estado de policía” por sobre el estado de derecho.

Mientras la Procuración, en su transición, se alinea a las directrices delineadas por el Gobierno Nacional se debilitan las instancias que se impulsaban para garantizar el acceso a la justicia de los sectores populares, como ATAJO y aquellas procuradurías especializadas en delitos cometidos por agentes Estatales y los grupos económicos como PROCUVIN y PROCELAC.

Por ultimo repudiamos enérgicamente los conceptos vertidos por la Procuración General de la Nación que nos retrotraen a los años más oscuros sufridos de la historia de nuestro Pais.

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