Pueblos indígenas y violencia estatal en Argentina: El camino hacia un diálogo intercultural

“La desaparición inicial y la posterior muerte de Santiago Maldonado en el marco de un uso represivo e ilegal de la fuerza por parte de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia Cushamen en la provincia de Chubut, y el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, por parte de la Prefectura como corolario del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la provincia de Río Negro, instalan varios debates que no se pueden postergar y que obligan a clarificar algunos de los aspectos centrales que son la génesis de los conflictos territoriales.
1-“Existen pueblos indígenas en Argentina y existen derechos indígenas que se encuentran vigentes, tanto en la Constitución Nacional, como en instrumentos jurídicos internacionales ratificados por Argentina (Convenio 169 de la OIT, Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los pueblos indígenas y Declaración americana de los Derechos de los pueblos indígenas). Los derechos territoriales, entonces, tienen un estatus jurídico, y los reclamos de las comunidades mapuches tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena.
2- “En la última década se ha hecho evidente el incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos estos derechos indígenas, tal como lo dispone la tan mencionada ley de emergencia 26160, y su última prórroga (la ley 27.400 publicada en el boletín oficial el mismo día que el Juez Villanueva ordenó el desalojo de la comunidad en la región del lago Mascardi, el 23 de noviembre pasado). Los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral de los territorios indígenas reivindicados, sumado a los desalojos que siguen produciéndose a pesar de que la misma ley los suspende, generan una situación de incertidumbre que conspira contra una solución definitiva de estos conflictos. Las “recuperaciones territoriales” se deben encuadrar en ese contexto.
3- “Se ha omitido deliberadamente decir que las tierras reivindicadas por comunidades indígenas han adquirido un interés económico notable, cruzado por la expansión de la frontera extractiva y los negocios inmobiliarios y turísticos que los convierten en un bien disputable tanto por empresas trasnacionales como nacionales, dado que buena parte de éstos son ricos en minerales, hidrocarburos, madera, agua, etc. En ese marco, resulta cada vez más incompatible el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales (convenio 169 de la OIT), con la expansión de los territorios rentables para el capital. En el caso de los parques nacionales, se instaló junto con la Administración de Parques Nacionales (APN) la figura del “comanejo”. No es la primera vez que se suscitan diferencias en estos territorios, y ya se había previsto una reunión para el 27 de noviembre pasado (sólo unos días después del desalojo y el posterior asesinato) para iniciar un camino de diálogo para resolver el conflicto. Con el asesinato de Rafael Nahuel, el Estado optó, en los hechos, por la violencia.
4. “Son variadas las experiencias y visiones de las numerosas comunidades y organizaciones mapuches. En el discurso del gobierno, la llamada “RAM” aparece como un grupo presente en distintas partes del país pero casi ninguno de los líderes indígenas reivindica ser parte de él y ni siquiera se conoce con nombre y apellido quiénes son sus miembros, cómo son financiados, por cuántos miembros está conformado, entre otras cuestiones. Así, la RAM se ha convertido en la excusa perfecta para que desde distintos ámbitos oficiales construyan “un enemigo interno”; lo cual demoniza al pueblo mapuche y lo estigmatiza como violento y terrorista; hecho que erosiona gravemente el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado y debilita la democracia.
5- “No sólo se ignoran los derechos indígenas vigentes en Argentina, sino que se menosprecia la identidad indígena -puntualmente la identidad mapuche- endilgándoles invocaciones “cuasi mágicas”, cuando se trata de elementos espirituales de su cultura que merecen comprensión y respeto; se los acusa de desconocer el Estado –un Estado que en pleno siglo XXI los sigue persiguiendo–cuando lejos están de querer construir un Estado independiente, sino que pretenden vivir como mapuches, y ser respetados por ello. En Argentina, tal como ha venido sucediendo por años en otras latitudes es clave avanzar hacia concepciones más inclusivas y pluriculturales, que fortalezcan la unidad territorial e institucional del país.
 6- “El despliegue de la violencia estatal es preocupante por conceptos expresados por altos funcionarios gubernamentales. En sendas declaraciones tanto la Vicepresidenta como la Ministra de Seguridad formulan la teoría de que las fuerzas de seguridad “siempre deben contar con el beneficio de la duda” y que las acciones de las fuerzas de seguridad no deben ser justificadas porque se encuentran enmarcadas en acciones “legales y legítimas”. Afirmaciones que, en realidad, tergiversan un conocimiento básico elemental: la violencia de los aparatos del Estado debe ser limitada y especialmente restringida precisamente por la enorme concentración de poder y la correlación de fuerzas dispar. Quedar sometidos al accionar discrecional y arbitrario de las fuerzas de seguridad empieza por socavar aspectos centrales de un Estado de derecho.
7-. “Estos hechos, lejos de ser aislados, ocurren en diferentes puntos del país. Así, desde fines de 2015 la situación de las comunidades indígenas y campesinas que reclaman tierras ancestrales ha empeorado. En Neuquén, en julio de este año, la Gendarmería irrumpió en Campo Maripe, por pedido de YPF, para sitiar y resguardar la zona de explotación de YPF-Chevron; y un fiscal declaró en rebeldía a seis integrantes del lof Campo Maripe, sobre quienes pesa la acusación de «usurpar» un camino privado que conduce al yacimiento  Loma Campana. En los últimos días, desmontes ilegales, como los ocurridos en Salta, en Corralito, departamento de San Martin en una zona protegida por la Ley de bosques y Tierras indígenas, donde viven 10 familias wichis y 7 criollas, dan cuenta de la escasa voluntad gubernamental nacional y provincial, por proteger los derechos de los sectores más vulnerables, favoreciendo así  la expansión de la frontera sojera, en manos de grandes propietarios rurales.
8- “Es necesario reencauzar el conflicto en términos de derechos y dar una resolución en términos políticos. Debe gestarse un espacio de diálogo intercultural entre diferentes actores, representantes de la comunidad, organizaciones mapuches, representantes de la sociedad civil, que pueda dar una respuesta a esta comunidad y a otras, y que implica reconocer que es fundamental saldar una deuda en términos de reparación histórica, legítimamente demandada por los pueblos indígenas. 
“En esta línea, apoyamos la creación de la mesa de diálogo solicitada por el Lof Lafken Winkul Mapu, en la cual participan diferentes organizaciones indígenas, sociales y de derechos humanos de la provincia de Río Negro  y Neuquén, Endepa -Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica así como diferentes diputados y representantes políticos provinciales y nacionales.
“Y en ese sentido proponemos:
I)          “El lanzamiento de un Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, que propicie  el diálogo franco y respetuoso con las comunidades indígenas sobre el lugar de estos pueblos en el Estado argentino.  
II)         “La intervención de la sociedad civil para hacer posible la apertura del esperado debate sobre el avance del acaparamiento de tierras, de la mano de modelos de desarrollo altamente expulsivos y destructivos en los territorios, que hoy encuentran importantes resistencias sociales en nuestras provincias.
III)       E”l cese de la represión y el fin de la campaña de hostigamiento hacia los pueblos indígenas y la adopción de un compromiso decidido de toda la sociedad y del Estado en apoyo de éstos y otros grupos vulnerables de la población.
Sólo con mayor democracia y compromiso social será posible saldar la deuda histórica que el Estado argentino tiene para con los pueblos indígenas.
Por la creación de un Espacio Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural
Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017
Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Monseñor José Macín, Jorge Nahuel,  José Auletta, Roberto Aramayo, Alcira Argumedo, Pablo Bergel, Juan Grabois, Nilo Cayuqueo, Claudia Briones, Mario Cafiero, Gastón Chillier, Alicia Ciciliani, Victoria Donda, Jaime Linares, Roberto Gargarella, Alejandro Grimson, Diana Lenton, Claudio Lozano, Diana Kordon, Francisco Nazar, Silvina Ramírez, Rubén Lo Vuolo, Cinthia Mónaco, Magdalena Odarda, Beatriz Sarlo, Felipe Solá,  Maristella Svampa, Juan Toklatián, Enrique Viale.
Con la participación de la Confederación Mapuche del Neuquén, Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y Parlamento Plurinacional.


Adhesiones Personales
Lucrecia Martel, Ricardo Alfonsín, Horacio Verbitsky, Gabriela Massuh, Julian López, Jorge Taiana, Rubén Giustiniani, Hèctor Polino, Mario Pecheni, Patricia Zangaro, Patricia Pintos, Lita Stantic, Mirta Antonelli, Selva Almada, Gerardo Aldazabal, José Nun, Alicia Lissidini, Lucy Edelman, Nicolas Tauber, Sonia Cristoff, Laura Ginsberg, Gladys Lopreto;  Ximena Ávila,Gustavo Solis Fonseca, Ana Rut Schejtman, Horacio Tarcus, Juan Piovani, Patricia Cecilia Galletti, Leonor Slavsky, Mariel Omar, Maria Casiana Vanoli, Mario Blaser, Eduardo Hualpa, Mario Rufer, Juan Manuel Salgado, Fernando Kosovsky, María José Figuerero, María Laura Filippini, Patricia Iturrieta, Suyai Malen García Gualda, Maximiliano Crespi, Fernanda Piras, José María Hidalgo, Federico Lanusse, Lorena Bottaro, Claudio Revuelta, Mariana Heredia, Griselda Fanese, Alicia Ramirez, Ramiro Zárate Gigli, Daniel Rodríguez, María Alejandra Gette, Viviana Beatríz Gómez, Miguel Teubal, María Elida Sosa, Osvaldo Cipolloni, Cristina B. García Vázquez, Ana Sofía Soria, Darío Lagos, Renato Javier Berrino, Ayelén Medina Senn,  Bárbara Briscioli,  Mauricio Aureli, Pablo Alabarces, Mauricio Acosta Rangel, Carlos Masotta, Sebastián del Río, Manuel Fontenla. , Ana Teresa Martinez, Patrizia Quaglia, Paulina Brunetti, Manuel Rozental, Sergio Korn, Sara Daneri, Mónica F.Baeza, Tulia Falleti, Graciela Silvestri, Ana Elena García, Pía Bouzas, Silvia Hirsch, Pablo Stefanoni, Mercedes Biocca, Alejandro Elvio Ludueña, Ayelén Mereb, Adrián Gorelik, Gisela Hadad, Alicia Carreño, Axel Lazzari, María Victoria Murillo, Samanta Guiñazú, Carla Marcela Franquelli, Gabi Cabezón Cámara, Karina Jannello, Karina Pegoraro, José Luis Bonifacio, Carolina Crespo, Marta Sahores, Andrés Barale, Sonia Ivanof, Silvana López, Gustavo Macayo, Rodrigo Sola, Vaniria Abbona, Carlos Janin, Marisa Figueroa, Julio Aguirre, Andrea Spina, Eloisa Oliva, Yolanda Beatriz Cipollini, Silvina Zimerman, Mariana Podetti, María Eugenia Covacich, Patricia Pereyra, Leonardo Parlanti, Ana Laura Pérez, José Fernández Vega, Romina Sckmunck, Flavia Soldano, Paula Pérez Alonso, Ariadna Labatte, Uara Carrillo, Emilio Nicolás Nessi, Guillermo David, Leonardo Vasconcelos, Sonia Sasia, Claudia Hammerschmidt, Rodolfo Rabanal, Carlos Benedetto, Aldo Ameigeiras, Adriana Serrudo, Juan Carlos Radovich, Lidia Teve, Alberto Binder, Donaldo Bran, Gabriela Karasik, Miriam Alvarez, María Graciela Nieto Ortiz, María Rosário de Carvalho, Carlos Terena Terena, María Constanza Casalderrey Zapta, Andrea Poblete, Lucio Albirosa, Andrea Gigena, Ezequiel Adamovsky, Daniel Cáceres, Alejandro Ponce, Eleonor Faur, Carla Gras, Claudia Lozano,  Marcela Alicia Fumière, Maniel Manzoni, Jorge Karol, Elizabet Jelin, Andrea Guinta, Cecilia Anigstein,  Anibal Viguera, Paula Abal Medina, Beatriz Ocampo, Cecilia Pantoja, Diego Janin, Graciela Draguicevich, Jorge Dominguez, Martín Bergel, Graciela Mónica Falivene, Carlos Acuña, Marcelo Gómez, Diego Dominguez, Gabriel Vommaro, María José Lubertino, Jorge Daneri, Maria Ines Cafiero, Gabriela Merlinsky, Miguel Julio Rodrìguez Villafañe, Mario Mazzitelli, Juan Pablo Cafiero, Marcelo Leiras, Julio Fuentes, Bernandino Zaffrani, Juan Sarai, Gabriel Soler.
Adhesiones de Organizaciones
Corriente La Colectiva Nacional y Corriente La Colectiva Bariloche
Red Agroforestal Chaco Argentina REDAF
Consejo Consultivo de Pueblos indígenas de Argentina
Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena AADI
Centro de Estudiantes del ISFD nro 29 de Merlo, Buenos Aires
 Iconoclasistas
 Asociación para la Promoción de la cultura y el Desarrollo APCD. Las Lomitas, Formosa
 Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja
 Las Salamanqueras del Valle de Famatina, Chilecito.
  Espacio Cultural Abya Yala, Chilecita.

  Encuentro Nacional de Pastoral Aborigen END
Unión de los Pueblos Diaguitas-Tucumán
Huerquen-Comunicación en Colectivo
Instituto de Estudios Comparadas en Ciencias Penales y Sociales INECIP
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta
Vecinos autoconvocados contra abusos policiales VACAP
Coordinadora Antirrepresiva de Villa María y Villa Nueva
Fundación ECOSUR
Aministía Internacional
Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio RIDAP
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo CEPPAS
Teatristas Neuquinos Asociados TeNeAs
Hermandas de la Misericordia de las Américas, Comunidad Argentina
Azulado.
Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Agrupación de Abogados Populares de Catamarca
Instituto de Cultura Popular (INCUPO)
Cátedra Abierta Intercultural, Buenos Aires
ALFAR, Colectivo Cultural, Buenos Aires
Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE)
Grupo de Reflexión Rural (GRR)

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