En el marco del Ruidazo Nacional: Aranguren ya Basta

En el marco del Ruidazo Nacional contra el Tarifazo, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unidad Popular presenta el material Aranguren ya Basta elaborado por Gustavo Lahoud y Claudio Lozano.

Para Lozano, “este balance desnuda las inconsistencias de la gestión Aranguren en tanto política centrada en la exclusiva y excluyente idea de la recomposición de la rentabilidad de las corporaciones que operan en el sector energético, vía ajustes permanentes de los bienes sectoriales, en un contexto de dolarización de los principales indicadores del sector, y de una apertura desreguladora que nos deja a expensas del mercado internacional y de la inestabilidad del tipo de cambio”.

Y agrega: “Estrategia que renuncia explícitamente a una política energética integral, que tenga en cuenta las distintas dimensiones implicadas, tanto el abastecimiento perdurable y eficiente, como la garantía de la accesibilidad para toda la comunidad, con el consecuente resguardo de nuestro entorno ambiental y buscando el objetivo de diversificar nuestra matriz de generación y consumo de energía de manera sostenible en el tiempo”.

El informe

BASE ESTADÍSTICA: SAMANTHA HORWITZ; JAVIER RAMERI; IGNACIO LÓPEZ MIERES

INVESTIGADORES: ALEJANDRO LÓPEZ MIERES; HORACIO FERNÁNDEZ; TOMÁS RAFFO; ANA RAMERI; MARIANA RIVOLTA

COORDINACIÓN: GUSTAVO LAHOUD-CLAUDIO LOZANO

El Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, volvió a ser protagonista en esta Semana Santa de 2018, con nuevas y previsibles declaraciones que ponen blanco sobre negro el pensamiento profundo que guía el accionar de este funcionario.

Ante consultas periodísticas sobre su patrimonio, el Ingeniero Aranguren soltó una verdad brutal, pero no menos honesta y coherente, si se analiza el personaje que las propala. El hecho que comunique que buena parte de su patrimonio logrado luego de más de treinta años de servicio corporativo en la multinacional petrolera Royal Dutch Shell esté depositado en cuentas en el exterior, confirma, por lo menos, dos aspectos fundamentales.

Por un lado, se trata de un ex CEO acostumbrado a los opacos manejos corporativos que hemos conocido en las últimas décadas en el capitalismo financiero global y que, en la República Argentina, ha tenido capítulos más que interesantes, vinculados a las complejas redes de las tramas de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales connotados de la esfera de poder e influencia británica, estadounidense y europea, con el objetivo de consolidar prácticas elusivas de capitales que, de esa manera, quedan a resguardo del escrutinio de los correspondientes organismos de control impositivos. Por cierto, esta práctica parece ya constitutiva del funcionamiento mismo del capitalismo en su etapa especulativa financiera y, por estas tierras, el mismo Presidente Macri, Caputo y otros funcionarios, han sido o son parte de esta configuración de poder trasnacional privado. Aquí el debate se cruza permanentemente con la cuestión de la legalidad versus la ilegalidad de estos mecanismos financieros y, por cierto, resulta bastante más relevante y consistente apuntar a otros aspectos más estructurales que están detrás de estas configuraciones de las finanzas e intereses corporativos.

Por el otro, las habituales declaraciones de Aranguren, ponen sobre la mesa una realidad incontrastable y contundente: no se trata de un accionar negligente o estrictamente cínico, sino que sus dichos son la más palpable corroboración de una estructura de pensamiento y acción en lo que respecta al por qué y para qué de las políticas energéticas y al rol que le cabe desde su lugar. En ese sentido, las circunstancias diversas que estamos atravesando luego de más de dos años de políticas liberalizadoras en el ámbito de la energía, uno de cuyos aspectos salientes son los tarifazos en los servicios de gas natural y energía eléctrica, se relacionan directamente con una cosmovisión que apunta que la solución a los desequilibrios heredados en materia energética, pasaba y pasa por “reconstituir las señales de precios y salvaguardar las cadenas de pago” del conjunto de empresas que operan en los sectores hidrocarburífero y eléctrico. A su vez, Aranguren piensa la “seguridad energética” en términos de garantizar abastecimiento y suministro, pero pensados desde los intereses exclusivamente corporativos, lo cual implica que las reglas de juego se realizan en el mercado si los distintos operadores están en condiciones de desplegar sus estrategias de negocios con las menores interferencias posibles de los mecanismos reguladores estatales y públicos.

Sin embargo, en este punto, sí hay un problema: Precisamente ha sido el Estado- y no el mercado-, a través del Ministerio de Energía y Minería-, el que ha establecido los tiempos y plazos de los procesos de ajuste en los precios de la energía eléctrica y el gas natural, mientras se transferían, simultáneamente, subsidios millonarios a las empresas energéticas, tanto a través de la continuidad de esquemas como el Plan Gas, como a través de mecanismos compensatorios que se otorgaron a las empresas eléctricas y gasíferas en el contexto de la renegociación de las tarifas y contratos.

Pero, en concreto, si hay algo que no podemos hacer, es endilgarle al ministro Aranguren incoherencias en la concepción de su planteo en materia de política energética y las medidas que efectivamente se ponen en marcha. Es decir, aquí estamos sufriendo un auténtico proceso de recomposición de rentabilidad corporativa vía ajustes permanentes de los precios de los bienes energéticos, en el contexto de un esquema de dolarización de los principales indicadores del sector, de una apertura desreguladora que nos deja a expensas del mercado internacional y de una peligrosa inestabilidad del tipo de cambio, expresada en la presión sobre el dólar, convertido nuevamente en el “fetiche de reserva de valor” de reducidos pero importantes sectores de las clases dominantes y de las clases medias argentinas.

Por ende, podemos pegarle al Ministro Aranguren por sus comentarios sobre la “falta de confianza” en las instituciones argentinas- lo cual, por otra parte, remeda una vieja herencia nacional, que tiene que ver con los continuos procesos de fuga de divisas, endeudamiento y destrucción y vaciamiento económicos a expensas de unos pocos grandes jugadores que se fortalecen cada vez más-, pero sería aún más relevante comenzar a estructurar una posición alternativa común que sea capaz no sólo de denunciar este esquema de política energética que torna inviable para muchos sectores de nuestra comunidad el acceso a la energía, sino de acordar un programa que pueda conciliar términos de una ecuación que siempre parecen difíciles de armonizar.

Esto es, no podemos renunciar a planificar y ejecutar una política energética integral, que tenga en cuenta las distintas dimensiones implicadas, tanto el abastecimiento perdurable y eficiente, como la garantía de la accesibilidad para toda la comunidad, con el consecuente resguardo de nuestro entorno medioambiental, buscando el objetivo de diversificar nuestra matriz de generación y consumo de energía de manera sostenible en el tiempo.

En efecto, si el Estado no interviene direccionando el juego de la energía en favor del autoabastecimiento, la disponibilidad y la accesibilidad presente y futura para toda la comunidad, el libre albedrío de los intereses corporativos convertirá al sistema energético en un juego de suma cero, inestable, anárquico e insostenible en el largo plazo, en línea con la hegemonía de las normas liberalizadoras.

Y es precisamente el juego de las corporaciones energéticas el que hoy ha sido decisivamente fortalecido por este Estado que consolida un esquema de desregulación y liberalización del mercado energético, sobre la base de la aplicación de un insostenible sendero de recomposición de precios y tarifas, que hace cada vez más difícil garantizar el derecho humano inalienable a la energía.

Algunas de las medidas tomadas en algo más de dos años, resultan ser los aspectos centrales por los cuales debiéramos decirle al Ministro Aranguren: ¡Ya basta!

Si miramos el mercado del gas, entre octubre de 2016 y abril de 2018, el precio del gas en boca de pozo- que es el 40% de lo que pagamos en nuestras facturas-, subió más del 200% en dólares. Esto fue la consecuencia de la aplicación del sendero de precios alcistas que se aprobó en la audiencia pública de septiembre de 2016, luego del escándalo de los primeros meses de aquel año, cuando este mismo ministro había decidido aumentos brutales en las tarifas gasíferas que se transformaron en impagables, lo que derivó en el famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esa decisión de recomposición de precios, ha cumplido ya algunos capítulos semestrales, y el sendero alcista concluirá en octubre de 2019, cuando lleguemos a un precio del gas en 6,40/ 6,80 dólares por millón de btu. Estos precios, están directamente relacionados con una visión gubernamental que supone la maximización de inversiones de las principales empresas a cambio de precios que aseguran significativas rentabilidades. Estos aspectos, jamás pudieron ser seriamente discutidos en las audiencias públicas, a tal punto que, entre otras cuestiones, jamás se explicaron seriamente dos ejes fundamentales del debate. Por un lado, los costos reales de explotación de los yacimientos, aún con la creciente relevancia del gas no convencional y, por el otro, la inconsistencia de tomar los precios de paridad de importación de las distintas fuentes de origen del suministro de gas importado (gas de Bolivia, gas natural licuado por barcos, combustibles líquidos, gas que viene por Chile), cuando el 75% del gas todavía consumido en la Argentina, proviene de nuestros yacimientos.

Esas preguntas, han quedado sin respuesta. Mientras tanto, cuando miramos lo que ha ocurrido con las tarifas gasíferas, han abundado casos en distintos puntos del país con aumentos escalofriantes, que han rebasado el 1.000%. En efecto, resulta totalmente corroborable que, para los usuarios de Metrogas o Gas Natural Ban- en nuestra región metropolitana-, el aumento del precio del gas en m3, que determina el costo variable en la factura, ha aumentado entre fines de 2015 y abril de 2018, entre 400% y 1000%. Y los aumentos globales promedio en todo el país, luego de estos ajustes permanentes, oscilan entre el 400% y el 600%.

Un dato adicional, tiene que ver con la vigencia del denominado Plan Gas entre 2013 y 2017, que se llevó más de 7.500 millones de dólares en subsidios destinados a todas las empresas del sector, con reconocimiento de mayores precios, hasta los 7,5 dólares por millón de btu. Ese esquema, fue reemplazado en 2018 por un nuevo programa de subsidios destinados a la cuenca neuquina- de donde proviene el 50% del gas que consumimos- y a la cuenca austral. Ese programa durará cuatro años- hasta el 2021- y reconoce precios que oscilan entre 7,5 dólares y 6 dólares por millón de btu, entre 2018 y 2021.

Como se puede apreciar, en la misma línea que lo antes mencionado. Es decir, costo de oportunidad para que las empresas “inviertan” y, en palabras del Ministro Aranguren, generen excedentes en los próximos cuatro o cinco años, que permitirían que el precio del gas baje y, a la postre, regenerar un gran negocio exportador. Escenario de difícil concreción y proyección., por cierto, dada la volatilidad de la coyuntura y el juego oligopólico y concentrado de los actores. Los mismos que, en 2017, redujeron la extracción de gas 1% promedio luego de las tímidas mejoras entre 2014 y 2016, que parecían indicar una recuperación productiva luego de una década de estancamiento. Los mismos que, en 2017, ajustaron en más de un 30% la inversión en yacimientos comparado con 2016. Los mismos que protagonizan una nueva y preocupante declinación en la extracción de crudo, del 6,3% en 2017, lo que implicó el peor retroceso desde 1999 y el menor volumen de crudo desde 1992. Los mismos que han reactivado el negocio de la importación de crudo y combustibles, a partir de las señales liberalizadoras, a tal punto que  las importaciones de petróleo de 2016 y 2017, son 44% superiores a las registradas entre 2008 y 2015 y equivalen al 78% de todo el petróleo importado entre 2003 y 2015, mientras que, al finalizar 2017, se había importado 329% más que a fines de 2015.

Asimismo, luego de las últimas audiencias, el Ministerio de Energía, el Enargas y las empresas distribuidoras, han discutido mecanismos de aplicación de tarifas planas o de esquemas de financiación de los mayores costos de las tarifas en el período invernal. A ello, se sumó la presión de las empresas para obtener un cálculo del dólar de $22,29 aproximadamente, en un intento por “cubrirse por anticipado” de futuras devaluaciones. Finalmente, el gobierno partió de un tipo de cambio de $20,61, pero impidió que se aprobara un esquema de tarifa plana, que, por lo menos, hubiera permitido algo más de previsibilidad y la posibilidad de pagar los excedentes de los meses de invierno en los próximos períodos. Estos ejemplos, constituyen una muestra cabal de lo que hoy pasa en el mercado del gas natural: los usuarios residenciales, comerciales e industriales han quedado a expensas de los juegos de presiones entre las corporaciones energéticas y el Estado, poniendo en peligro el acceso a la energía y la asequibilidad, es decir, la posibilidad de poder pagar la tarifa. Cientos de empresas pequeñas y medianas, comercios, empresas recuperadas y miles de hogares, sufren un deterioro que parece permanente y no concluye en una salida promisoria, ya que el golpe sobre los bolsillos resulta ya imposible de soportar. La contracara de ello, son los balances de las empresas, que se han recompuesto durante 2017 con niveles de utilidades muy significativas. Por ejemplo, Metrogas obtuvo utilidades por $774,8 millones, mientras que en 2016 había cerrado con pérdidas de $604,4 millones; Gas Cuyana, $588,4 de ganancias, un 136,6% más que en 2016; Gas Natural Ban, $542,9 millones, un 124,6% más que en 2016; Camuzzi Gas Pampeana, $824,9 millones de utilidades en 2017, frente a una pérdida de $207,4 millones en 2016; Transportadora de Gas del Norte, obtuvo una ganancia neta de $841,8 millones, frente a una pérdida de $256 millones en 2016. Incluso, hay casos como el de la distribuidora Gas del Centro, que obtuvo en 2017 utilidades por $770,5 millones, lo que representa un  444% más que el 2016. O el caso de Transportadora de Gas del Sur, que tuvo utilidades netas por $2.793 millones en 2017, contra $930,6 millones en 2016, lo que implica que triplicó la ganancia.

Si miramos el caso de la energía eléctrica, los aumentos incesantes del valor de la energía mayorista nos han dejado en una situación también vulnerable. Entre fines de 2015 y febrero de 2018, el precio mayorista se ajustó en un 327%, mientras que el costo variable del kw/h se ha incrementado en valores que oscilaron entre el 300% y el 1.000%, fundamentalmente en el área metropolitana.

Este esquema, implicó que los usuarios comenzaran a solventar mayores porcentajes del costo de generación, a tal punto que, a febrero de 2018, el conjunto de usuarios pagan aproximadamente el 63% del total del valor de generación promedio del sistema eléctrico nacional, que está por encima de los $1329, o un promedio de u$s 70 por MW/h. Además, debe tenerse en cuenta que las audiencias para la revisión tarifaria integral, determinaron aumentos en los valores de transporte y en el llamado Valor propio de distribución, que es el índice por el que se remunera a las distribuidoras. Es decir, la operación y mantenimiento del sistema, como las inversiones para aumentar la calidad y confiabilidad de la prestación del servicio. En este caso, las audiencias de fines de 2016, determinaron que el ajuste global correspondiente a las distribuidoras, estaba en el orden del 140%, cuyo impacto fue desagregado en tres tramos de aumentos: febrero de 2017, diciembre de 2017 y febrero de 2018. El hecho que las compañías hayan aceptado este esquema segmentado de pagos, tuvo como contracara la “increíble” medida adicional del Gobierno nacional, dirigida a extenderles una compensación total de casi $11.000 millones a Edenor y Edesur, desdoblados en más de $4.200 millones para Edesur y más de $6.300 millones para Edenor.  Asimismo, debe tenerse en cuenta que las proporciones de aumentos de las empresas distribuidoras Edenor y Edesur, son más significativos, ya que las tarifas de estas empresas- cuya  jurisdicción es nacional- acumulaban el retraso tarifario más prolongado. Justamente, en la jurisdicción de estas dos empresas, se han producido situaciones realmente graves, ya que hay casos de usuarios que, entre febrero de 2016 y febrero de 2018, han visto multiplicada sus facturas por valores superiores al 700%, 800%, 1000%, 1.500%, 1.800% o hasta 2.800%. Pero, en la generalidad de los casos a nivel país, y a modo de promedio, los usuarios de estas empresas han abonado aumentos que han oscilado entre el 350% y el 450% en el término de dos años calendario. A su vez, en las revisiones tarifarias integrales, se establecieron mecanismos para el reajuste de las tarifas, a través de la evolución combinada del índice de precios al consumidor, el índice de salarios y el índice de inflación mayorista, junto a la evolución del tipo de cambio. Por ende, las tarifas de energía eléctrica, al igual que las de gas natural, además de ajustarse en función de índices de la economía como los señalados, se indexan también en función de la evolución del tipo de cambio, cuya inestabilidad juega de manera muy negativa para los intereses reales de todos los usuarios, especialmente, residenciales y pequeños y medianos comercios e industrias.

Por último, en la determinación del llamado precio monómico de la energía eléctrica, el 60% del mismo está directamente relacionado con los combustibles. El principal insumo utilizado es el gas natural y, en períodos invernales, los costos globales de operación suben porque se utilizan combustibles líquidos, que son más caros. Ahora, en el caso del gas, sabemos que estamos ante un ajuste semestral de su precio hasta octubre de 2019. A febrero de 2018, el precio del gas en boca de pozo que las centrales térmicas pagan a los productores de gas, se ubica en los u$s 5,20 por millón de btu. Ese precio sube a u$s 5,70 en abril de 2018, luego del ajuste del 10% promedio en el precio del gas. Esto es importante ya que, en función de ese valor, Cammesa informa cuál es el valor promedio de la energía eléctrica mayorista. Todo indica, entonces, que durante 2018 habrá más ajustes. Ese aumento en dólares, llevaría el valor promedio de la energía eléctrica a los u$s 77 por MW/h. Pero lo más relevante de este esquema, es que las empresas distribuidoras han logrado recomposiciones en sus valores propios de distribución, que las posiciona aún en mejor situación que la existente en 2000, es decir, antes de la caída de la convertibilidad. Más que recomposición tarifaria, lo que ocurre es un proceso de consolidación de transferencias multimillonarias de los usuarios a este selecto grupo empresarial. Según el especialista Andrés Repar, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, las empresas distribuidoras reciben un valor propio de distribución que es el doble de lo que recibían en 2000. Por su parte, estos datos pueden confirmarse consultando la información publicada por el mismo Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).  ´

Finalmente, en lo que respecta a los precios de los combustibles líquidos, durante el primer año de la Administración Cambiemos, los precios promedio de los combustibles orillaron aumentos del 30%, por debajo de la inflación del 41% del año. Sin embargo, este panorama pos devaluación y reacomodamiento de precios, registró un comportamiento inverso durante 2017. En efecto, las subas oscilaron entre 27,5% y 33,5% según la variedad de combustibles, mientras que la inflación del año fue del 24.8%. Es decir, los combustibles subieron entre 3% y 9% más que el índice inflacionario. Así, durante el bienio 2016-2017, los combustibles líquidos se ajustaron entre un 57% y un 63% promedio.

Es importante señalar, además, que, si tomamos la evolución del precio de los combustibles de los últimos trece meses (enero 2017-febrero 2018), YPF aumentó un 43,2% las naftas Premium, un 39,46% la variedad super, un 36,92% el Gasoil Premium y un 32,76% el Gasoil común o grado 2. Es decir, se registraron aumentos que han oscilado entre un 6% y un 17% promedio por encima del índice inflacionario, según el combustible que se trate.

Por último, si tomáramos el acumulado de ajustes entre mayo de 2012 (momento de la estatización parcial de las acciones de YPF S.A.) y febrero de 2018 (último ajuste registrado), los aumentos oscilaron entre el 272% y el 298%.  

En conclusión, parte de la información señalada, las argumentaciones compartidas, y las inconsistencias identificadas en el análisis de la problemática energética nacional, indican una preocupación creciente y compartida con muchos actores de la realidad nacional, situación que nos debería incentivar para encarar un camino de acercamiento y de rearticulación entre diversos sectores sociales, políticos, gremiales, con el objetivo de plantar una propuesta energética autónoma, popular, eficiente, sostenible y accesible, en el marco de un nuevo proyecto nacional y latinoamericano.

Esto último, parece hoy presuntuoso y hasta quimérico, pero es un norte que, en su persecución permanente, nos permitiría enhebrar propuestas en el corto y mediano plazo dirigidas a dos grandes objetivos.

Por un lado, frenar los incesantes ajustes tarifarios de los servicios públicos y abocarnos a un profundo estudio y examen de auditorías integrales que deben realizarse más temprano que tarde sobre el conjunto de las empresas del sector. Ello, va de la mano de la determinación de criterios claros de segmentación por niveles de ingresos y de consumos en el universo de usuarios residenciales, industriales y comerciales, a los efectos de tornar previsible y asequible- es decir pagable-, los servicios vitales de gas natural y energía eléctrica. También, es fundamental revisar el funcionamiento de la denominada Tarifa Social y los criterios de premios y castigos por ahorros en el consumo de energéticos, aspectos que han quedado ensombrecidos en los últimos retoques tarifarios, y que deben ser analizados en función de otras variables relevantes de la realidad económica y social de nuestras comunidades más vulnerables. En efecto, tanto en luz como en gas, los premios por ahorro en consumo se han reducido drásticamente, mientras que resulta fundamental encarar un análisis pormenorizado desde las mismas instituciones estatales, para determinar el conjunto de los hogares que deben acceder a tarifas diferenciadas, más aún en el contexto de alta volatilidad e inestabilidad que vivimos. Reafirmamos que se trata de una decisión política, antes que un expediente de la técnica o de los impiadosos mecanismos administrativos, y desde ese lugar debe actuarse.   

Por el otro, resulta decisivo poner en marcha debates que involucren a actores del mundo del trabajo en las empresas energéticas, académicos, profesionales, áreas de defensorías públicas, organismos reguladores, movimientos sociales, organizaciones sin fines de lucro, partidos políticos, asociaciones sindicales y ciudadanos en general, con el objetivo de repensar qué modelos de empresas de servicios necesitamos prioritariamente en función de políticas energéticas que piensen armónicamente las dimensiones de la disponibilidad perdurable, uso eficiente y sostenible y la accesibilidad a los bienes energéticos, en un marco de un modelo productivo que incentive la diversificación de la matriz energética hacia la incorporación de fuentes renovables, en un contexto siempre abierto de integración latinoamericana.

Por todo ello, hay mucho por hacer. Que el ¡Ya Basta, Aranguren!, no sea sólo un nuevo y previsible acto de crítica en defensa propia, ya que de lo que se trata, es de salir de la modorra colectiva y arriesgarnos a pensar CON OTROS DIFERENTES A NOSOTROS,  un nuevo programa energético nacional.

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