La nueva estafa del gas: 24 cuotas para que el pueblo pague el festín empresario de la dolarización

Presentamos el Informe La Nueva Estafa del Gas, 24 cuotas para que el pueblo pague el festín empresario de la dolarización, elaborado por Gustavo Lahoud, investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano.

Para Lozano, “en el presente material analizamos la nueva estafa que se consuma sobre los usuarios del servicio de Gas a partir de la Resolución de la Secretaría de Energía del 5 de Octubre del 2018. A partir de ella los usuarios pagaremos ($ 10.000 millones en 24 cuotas) los platos rotos de una disputa interempresarial que se origina en la injusta e irracional regla de juego de la dolarización de precios y tarifas. Petroleras y distribuidoras resuelven sus discusiones en base a la solidaria intervención gubernamental que transforma sus diferencias en un nuevo cargo sobre los usuarios”.

Y agregó: “Más allá de la ilegitimidad de todo este proceso, debe advertirse que esta decisión se basa en la legislación desreguladora heredada de los noventa, que jamás fue modificada y que hoy puede ser utilizada en favor de la “seguridad jurídica” de los contratos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, mientras que la “seguridad de los usuarios”, ha sido brutalmente violada a través de los continuos tarifazos que han encarecido e imposibilitado el acceso a un bien fundamental para el desarrollo de una vida digna a una parte importante de la población”.

“Es inadmisible que se recurra a los contratos de la década de los noventa, cuando el esquema de convertibilidad caducó y los saltos cambiarios están a la orden del día. Y por otra parte, la fijación de las tarifas de los servicios al precio de una moneda que no se emite legalmente en la Argentina, resulta ilegal e ilegítima. Mas allá de lo que afirman los sectores oficialistas y el sector empresarial beneficiario de estas decisiones, lo que está en debate es justamente el tema de la dolarización tarifaria”.

“Lo que debe ponerse en debate justamente es la discusión de los costos de explotación reales y en pesos del sistema energético nacional, lo cual implica cambiar drásticamente las prioridades y los objetivos de la política energética”, remató Lozano.

Tarifas de gas. Nuevo capítulo de la expoliación: cargo extra a los usuarios para pagar el festín dolarizador.

La estafa en continuado de los tarifazos dolarizados agrega nuevos componentes de brutalidad y expoliación, que se descargan sobre las espaldas de los usuarios, al tiempo que profundiza el infame proceso de transferencia de toda la población a un núcleo privilegiado de empresas prestadoras de los servicios públicos.

En efecto, a través de una simple resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía a cargo de Javier Iguacel, publicada el viernes 5 de octubre de 2018[1] en el Boletín Oficial, se estableció un nuevo cargo en la factura del servicio público de gas natural, consistente en un pago de 24 cuotas adicionales que deberán afrontar los usuarios como consecuencia de las “diferencias de costos” acumuladas entre abril y septiembre por la fuerte devaluación del peso. Por cierto, esta decisión se enmarca en el aberrante proceso de dolarización tarifaria. Ahora, de qué se trata esta nueva estafa.

En concreto, el proceso de devaluación de la moneda desatado entre fines de abril y comienzos de septiembre de 2018- que acumuló 100%-, generó una “deuda” de las empresas distribuidoras del servicio de gas natural con las productoras. ¿Cuál es el “fundamento” de esa deuda? La brutal devaluación acumulada en el semestre llevó el precio del dólar a casi $40, mientras que en todo este período las empresas distribuidoras compraron el gas a las productoras a la mitad de ese valor- $20,55-, que era el precio de referencia establecido en los contratos de venta de gas vigentes entre abril y septiembre de 2018.

A partir de allí, y a causa de la dolarización de los precios y tarifas, el privilegiado núcleo de empresas productoras-entre las que están YPF, Total, Pan American, Tecpetrol, entre las fundamentales-, presionaron al gobierno nacional para que “arbitre” una solución a la “deuda” generada por el efecto del proceso devaluatorio. A su vez, las empresas distribuidoras, los “buitres” del otro lado del ring- que han acumulado ganancias extraordinarias tras casi tres años de tarifazos-, presionaron al gobierno con un “argumento legal” establecido en el marco regulatorio del gas natural y en los contratos de concesión, según el cual si en un período de tiempo determinado- un semestre-, se acumulan sobrecostos mayores al 20% a causa de situaciones no previstas[2], los mismos deben ser descargados sobre los usuarios a los efectos de asegurar la “neutralidad tributaria” de las empresas prestadoras del servicio.

En buen romance, ello significa que los usuarios pagan los platos rotos de una disputa interempresarial que se origina en la injusta, ilegítima e irracional regla de juego de la dolarización de precios y tarifas. Más allá de la manifiesta ilegitimidad de todo este proceso, debe advertirse que este “razonamiento legalista” está inscrito en la legislación desreguladora heredada de los ’90, que jamás fue modificada y que hoy puede ser utilizada en favor de la “seguridad jurídica” de los contratos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, mientras que la “seguridad de los usuarios”, ha sido brutalmente violada a través de los continuos tarifazos que han encarecido e imposibilitado el acceso a un bien fundamental para el desarrollo de una vida digna a una parte importante de nuestra población.

El monto estimado de esa “compensación” es de $10.000 millones, lo que suma u$s 250 millones si se calcula con un dólar a $40. Esta nefasta Resolución 20 del 5 de octubre, establece que esa cifra se pagará a través de un concepto adicional que figurará en las facturas desde el 1 de enero de 2019 en 24 cuotas. Asimismo, otro aspecto que agrega ilegalidad manifiesta a este “cargo” para pagar el festín dolarizador y la puja entre segmentos del oligopolio energético hidrocarburífero, es que se trata de un ajuste retroactivo, que opera sobre contratos ya pagados a un precio determinado para el semestre abril-septiembre.

Esto mismo llevó al fiscal federal Guillermo Marijuan a realizar una presentación de una medida cautelar para la suspensión de esta nuevo cargo, ya que la medida afecta el derecho de propiedad de los usuarios y es confiscatorio. Ello es así ya que los contribuyentes han realizado los pagos de las facturas que han sido canceladas totalmente y no se puede afectar una decisión que ya tiene entidad jurídica por una medida que pretende una ilegal aplicación retroactiva. Es decir, lo que está pago, no puede retrotraerse. Asimismo, Iguacel fue imputado penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, ya que esta temeraria medida es contraria a la ley y vulnera derechos establecidos en el Código Civil.[3]

También puede alegarse que esta medida es violatoria del artículo 42 de la Constitución Nacional que protege el derecho de los usuarios e incluso echa por tierra el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia de agosto de 2016 en ocasión de los primeros aumentos de gas natural que fueron brutales e irracionales. En efecto, los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad eran los pilares de ese fallo y esta medida, al igual que los restantes tarifazos conocidos desde fines de 2016 hasta la actualidad, han desconocido estos criterios elementales en el caso de servicios públicos esenciales[4].

Y, además, como se explicó anteriormente, el “desfasaje” y los “sobrecostos” originados en el período de tiempo considerado, se deben al proceso dolarizador, que se agudizó a partir de la brutal devaluación del100%. En tal sentido, resulta estrambótico que el Secretario de Gobierno de Energía, Iguacel, recurra a los contratos de concesión de la década de los ’90[5] como fundamento para esta medida, ya que el esquema de la convertibilidad vigente en buena parte de esa década caducó y, por otra parte, la fijación de las tarifas de los servicios al precio de una moneda que no se emite legalmente en la Argentina, resulta ilegal e ilegítima. Por cierto, desde los sectores oficialistas y el mundo empresarial de la energía, se alega que el proceso de dolarización de costos en el sector es un hecho permanente y verificable y que tiene que ver además con el esquema mismo de la desregulación y la apertura que está plenamente vigente en la Argentina de Macri.

Pero es “ese” el problema, justamente. Lo que debe ponerse en debate es la discusión de “costos de explotación reales y en pesos” del sistema energético nacional, lo cual implica cambiar drásticamente las prioridades y los objetivos de la política energética. Y no deja de ser llamativo que se decida volar de un plumazo el hecho de que durante quince años, luego de la salida de la convertibilidad, rigió una ley de emergencia económica que implicó distintos niveles de decisiones sobre las tarifas, lo cual agrega otro elemento que nos habla de la complejidad de la problemática tarifaria de los servicios públicos. Lo que queremos decir con ello es que no pueden realizarse alegaciones juridicistas en el vacío, que además resultan controversiales, cuando estamos tratando con cuestiones de política energética que afectan derechos humanos consagrados en la letra constitucional y en la legislación vigente en nuestro país.

Más allá de la contundencia de los hechos, el gobierno sigue en la senda de la mentira, a tal punto que el Secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, escenificó una provocación pública al afirmar que este cargo no es más que el pago de una “diferencia de precio”[6] que se traslada al siguiente período, tal como está establecido en las reglamentaciones. Esta infame argucia, no es más que un vulgar argumento esgrimido al paso para ocultar que esta estafa es la consecuencia de la dolarización del precio del gas consumido y producido en el país y en el contexto de la continuidad de millonarios subsidios a las empresas gasíferas que, sólo entre 2018 y 2019 se llevarán alrededor de u$s 1.265 millones[7], tal como queda de manifiesto en el presupuesto de la administración pública nacional para 2019[8]. Asimismo, en el articulado del presupuesto, se incluye un crédito en favor de las empresas gasíferas por hasta u$s 1.600 millones, que responden a deudas de la administración anterior por los incentivos a la extracción adicional de gas natural que habían sido creados a través de los denominados Plan Gas I y Plan Gas II.[9]  Por ende, en el bienio 2018-2019, estas empresas se llevan u$s 2.865 millones, lo que representa $114.600 millones a un tipo de cambio de $40 por dólar.

Esos subsidios, vale recordar, son los destinados a “inflar” la mayor estafa realizada por este Gobierno, que es el establecimiento de un precio “artificial” para el gas natural extraído en nuestro país que reciben las empresas productoras. En buena medida, el “nuevo” gas no convencional de Vaca Muerta en la cuenca neuquina y otras explotaciones en la cuenca marina austral y en el norte de Santa Cruz, reciben remuneraciones por el gas extraído que se ubican entre los u$s 5 y u$s 7,5 por millón de btu, la unidad de medida mundialmente utilizada. Estos números resuenan cada vez más fuerte en los oídos de todos los ciudadanos argentinos, más aún cuando el mismo Javier Iguacel, afirma que la mayor oferta de gas natural y la evolución favorable de los costos de explotación, permite que el “negocio” sea rentable con números que se ubican entre u$s 3,7 y u$s 4 por millón de btu[10]. Es más, esto es tan desembozado que el mismo Iguacel estableció nuevos precios de referencia mayorista para el gas natural que rondan los u$s 4 por millón de btu, desandando en parte el sendero alcista de precios heredado del período de Aranguren que, si se hubiera cumplimentado, podría haber llevado el precio del gas a u$s 6,80 hacia octubre de 2019. Por cierto, más allá de esta rectificación, que habla por sí misma de la “inconsistencia” del esquema creado, se mantiene incólume la regla de juego de la dolarización, que es el corazón del esquema de transferencias realizado a través de los tarifazos.

Por último, “el pago del gas natural destinado al mercado interno en dólares fue ratificado por un acuerdo entre distribuidoras y productoras en noviembre de 2017, ratificado por el Enargas este año (Actuación 574/18), que establece que “las facturas serán emitidas en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior a la fecha de pago”.[11]

Así, la mentira institucionalizada por las autoridades gubernamentales, queda totalmente desbaratada por la misma evolución de los hechos y la ilegitimidad manifiesta de todo el proceso, en un contexto que se agrava día a día, y que requiere un cambio de timón de 180 grados.

En primer término, debe suspenderse cualquier tipo de nuevo ajuste tarifario- téngase en cuenta que desde el 1 de octubre de 2018 rige un nuevo aumento promedio del 35% para todos los usuarios de gas-, aunque si se observan en detalle las resoluciones emitidas por el ENARGAS, los aumentos para los distintos niveles de consumo no responden a ese promedio arbitrariamente definido por Iguacel.

En efecto, los aumentos para los usuarios de menores consumos en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires- que son los que se ubican en las categorías R1, R2-1, R2-2, R2-3 y que consumen entre 0 y 1.000 metros cúbicos anuales- son superiores al 50%. Debe tenerse en cuenta que, para el caso de la distribuidora Metrogas, el 70% de los usuarios están comprendidos en esas primeras cuatro categorías, con lo cual, el impacto es generalizado. Asimismo, las proporciones de aumentos son similares en las regiones del Litoral, Centro y Norte del país, pero en la Patagonia podría registrarse aumentos superiores al 100%, lo cual podría estar relacionado con la limitación de las compensaciones a los consumos residenciales. Pero en el caso de comercios en general, el fuerte aumento en la valuación del metro cúbico consumido, podría ocasionar aumentos superiores al 100%, siempre y cuando esos locales no estén registrados en el régimen MiPymes, que “gozarían” de un 50% de aumento, como si este dato fuera un porcentaje menor. En este punto, falta información adecuada sobre los alcances de ese régimen, lo cual agrega opacidad a una ilegítima decisión por donde se la considere.

También debe tenerse en consideración que se ha restringido fuertemente el alcance de la cobertura de tarifa social, que alcanzará solo a un primer bloque de consumo que difiere por prestadora y por período estacional, lo cual implica un nuevo golpe a los sectores populares. Ello va de la mano de la eliminación lisa y llana de los ya raquíticos premios por ahorro en el consumo que implicaban reducciones del 10% en la factura final en caso que el ahorro fuera del 20% promedio. Estos cambios fueron implementados a fines de septiembre a través de otra polémica Resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía.[12]

A su vez, los nuevos ajustes se han realizado tomando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 3 de octubre pasado, que se ubicó en $37,69, por lo cual queda nuevamente abierta la posibilidad que la diferencia entre el tipo de cambio tomado por el ENARGAS y el que se verifique a la fecha en que las distribuidoras paguen el gas consumido- lo que ocurre a los 75 días-, se traslade a los consumidores a comienzos del próximo período semestral en abril de 2019.

Esto último nos lleva a un segundo punto relevante. Es imprescindible desarticular el mecanismo dolarizador de las tarifas que se ha constituido en un esquema de saqueo y expoliación permanente de los bolsillos de los ciudadanos, agravado aún más en un contexto de alta inflación y devaluación. Ello implica que, junto al freno inmediato de cualquier tipo de nuevo ajuste en los servicios públicos, deben pesificarse las tarifas y poner al sistema energético en su conjunto al servicio de la producción, el trabajo y el mejoramiento del nivel de vida de la población.

Asimismo, es fundamental evaluar el funcionamiento integral del sistema energético y terminar con los subsidios millonarios a la oferta que han sido canalizados a un selecto grupo de empresas que, además de las ganancias extraordinarias recibidas tarifazo mediante por las firmas prestadoras de los servicios públicos, se han asegurado precios exorbitantes por el gas, que están entre 75% y 100% por encima de los costos de explotación oficialmente informados.

Finalmente es prioritario llamar a un gran debate público nacional sobre la problemática de los servicios públicos en general, que deben ser sustraídos a los criterios de mercado vinculados a la seguridad energética de las empresas, lo cual implica poner sobre la mesa la dimensión de la accesibilidad y la asequibilidad de los bienes energéticos, que no pueden transformarse, bajo ningún aspecto, en “artículos suntuarios” para el conjunto de los usuarios residenciales, comerciales e industriales del país, ya que se sacrifica el derecho humano a la energía en el altar de la dolarización tarifaria y de las transferencias constantes a las empresas.

Disponibilidad y accesibilidad no pueden transformarse en objetivos mutuamente excluyentes, sino que debe conciliarse un esquema integral de producción energética que armonice las necesidades de la oferta creciente en condiciones de eficiencia operativa y con garantía de inversiones en infraestructura- asegurando niveles óptimos de rentabilidad-, con los derechos y necesidades de la demanda de bienes energéticos, recorriendo un camino de diversificación de la matriz de generación a través de la incorporación permanente de fuentes renovables bajo un esquema de complementariedad y de utilidad social, que promueva la desmercantilización de los bienes comunes energéticos.

En este camino, el Estado, los trabajadores y la comunidad en su conjunto tienen una tarea ineludible: la construcción de una propuesta soberana que plantee un nuevo modelo de organización del sistema energético, con políticas dirigidas a la creación de sólidas empresas públicas debidamente auditadas por trabajadores y usuarios.

 

 

[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/193315/20181005

[2] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/193315/20181005

[3] https://www.pagina12.com.ar/147417-iguacel-compenso-marijuan-denuncio

[4] https://www.cronista.com/economiapolitica/Que-va-a-pasar-con-la-suba-del-gas-atada-al-dolar-Opinan-los-constitucionalistas-20181008-0025.html

[5] https://www.cronista.com/economiapolitica/Que-va-a-pasar-con-la-suba-del-gas-atada-al-dolar-Opinan-los-constitucionalistas-20181008-0025.html

[6] https://www.pagina12.com.ar/147050-son-los-militantes-que-quieren-meter-miedo

[7] https://www.rionegro.com.ar/region/el-presupuesto-de-nacion-incluyo-el-subsidio-al-gas-de-vaca-muerta-BY5724452

[8] Información disponible en el proyecto de presupuesto de la administración pública nacional para 2019.

[9] Artículo 56 del proyecto de presupuesto 2019.

[10] Durante el Business 20 del área energética desarrollado a mediados de agosto de 2018, Iguacel explicó que la combinación entre una sostenida reducción de costos de explotación y el aumento persistente de la oferta gasífera proveniente de Vaca Muerta, posibilitaba bajar el precio promedio de referencia del gas natural en el mercado interno a valores que oscilan entre u$s 3,70 y u$s 4 por millón de btu. La misma información fue proporcionada en ocasión de diversas notas periodísticas en tiempo reciente. De esta manera, se convalidan precios del gas que están entre 75% y 100% por sobre los precios que garantizarían rentabilidad. Una completa estafa.

[11] https://www.pagina12.com.ar/147050-son-los-militantes-que-quieren-meter-miedo

[12] https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/192942/20180927

 

 

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*